Mejorar los programas de formación y capacitación del profesorado, así
como el proceso de asignación de personal docente a las escuelas. Estos cambios
deben acompañarse de un sistema de evaluación bien concebido y rigurosamente
aplicado.
Perfeccionar el sistema de evaluación, centrarlo en los resultados del
aprendizaje y aprovechar las estadísticas de rendimiento académico para
configurar evaluaciones conjuntas en las escuelas, a fin de mejorar dicho
rendimiento.
Deberían formularse criterios en materia de planes de estudio y
resultados académicos, tanto para los alumnos como para los docentes, con miras
a fomentar la transparencia profesional entre maestros y directores, y velar
por el compromiso y la motivación de los agentes pedagógicos, a fin de mejorar
los rendimientos educativos.
Crear un sistema coherente de formación técnica y profesional que haga
hincapié en la calidad docente, mejore la certificación de los conocimientos y
elabore un mecanismo unificado de consultas con el empresariado para facilitar
las prácticas profesionales.
Revisar el financiamiento de la educación superior, evaluando el
equilibrio entre costos públicos y beneficios sociales, mejorando la
transparencia de la asignación de fondos a las instituciones y ampliando y
haciendo más equitativos los mecanismos de apoyo a los estudiantes de escasos
recursos.
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